Control de la sanidad públicadeberes de autoridades y empleados públicos

Resumen

Desde una perspectiva global, la tesis, además de ubicarse, en primer lugar, en la materia sobre la que se proyecta (salud pública), realiza un recorrido sobre el principio de competencia de los órganos públicos, en general, y, específicamente, sobre la materia que es su objeto, partiendo del nacimiento del principio de legalidad, que le da vida (Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789), recorriendo las facultades de intervención de las distintas Administraciones Públicas (marco jurídico de aplicación: Leyes estatales y autonómicas) y concluyendo en el ejercicio de tal competencia (tutelando el derecho a la protección de la salud -art. 43.1 de la Constitución de 1978-), así como en las consecuencias que se derivan del mismo (responsabilidad de los agentes actuantes: deberes y régimen disciplinario de aplicación a empleados públicos y Código penal). Contemplada la tesis con perspectiva individualizada o particular, podemos resumirla de tal guisa: ?El capítulo I, del título I, denominado ?Trascendencia y delimitación de la Salud Pública y del Control Sanitario?, trata del bien jurídico salud, analizando: a) La presencia individual y colectiva de tal bien. b) La consideración que le merece al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo no sólo dicho bien, sino, a su vez, y especialmente, la actividad de control ejercida para preservarlo. c) La delimitación de ?lo sanitario? de otros ámbitos sectoriales profesionales menos específicos. El capítulo II de igual título viene a desarrollar: a) La génesis del binomio Estado de Derecho-principio de competencia y su relación con el principio de legalidad. b) La articulación del indicado principio de competencia en el Estado de Derecho y en el ordenamiento jurídico español. c) Por último, el carácter o contenido de las funciones (competencias) que se atribuyen a los empleados públicos. El título II, denominado "Intervención Pública en la Salud", se dedica a analizar: a) Las competencias que atribuye el ordenamiento jurídico español a las distintas Administraciones Públicas (Estatal, Comunidades Autónomas y Municipios) y, en particular, a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de intervención pública en la salud (capítulos I, II y III). b) El carácter o naturaleza de las competencias sanitarias (exclusivas, compartidas o concurrentes) atribuidas a las indicadas Administraciones Públicas, según la doctrina dictada por los Tribunales de Justicia (capítulo IV). El título III y último, denominado "Deberes de Autoridades y Personal en la Intervención Pública en la Salud", analiza: a) Entre otros, el vínculo jurídico del empleado público"; el régimen jurídico del personal estatutario; el ejercicio de las potestades públicas; la aplicación del Derecho penal; los deberes a partir de la vigencia del Estatuto Básico del Empleado Público y el régimen disciplinario de aplicación (capítulo I). b) Los deberes que incumben tanto a autoridades como a empleados públicos en materia de intervención pública en la salud, contemplando, específicamente, el personal que tiene atribuidas competencias en dicha materia, el ejercicio de tales competencias, así como las consecuencias jurídicas y profesionales que pueden derivarse del mismo (capítulo II)