La actuación de la policía judicial ante la gestión ilegal de los residuos de frigoríficos domésticos

Resumen

Esta tesis se dirige a quienes estén interesados en los asuntos de seguridad medioambiental y, particularmente, a los miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, vector clave en España en la lucha contra la gestión ilegal de residuos. A lo largo de siete capítulos, divididos en dos partes y en respuesta a las cinco hipótesis de investigación, el lector encontrará un estudio de la problemática de la gestión ilegal de residuos, centrada en los residuos de frigoríficos domésticos (flujo RAEE), del Sistema de Gestión de Residuos (SGR) en España, de los tipos delictivos aplicables, hasta llegar a las mejores prácticas que debe desarrollar una policía judicial específica para enfrentar con éxito las infracciones más graves. El objeto de la investigación se basa en la problemática derivada de la falta de tratamiento de los residuos de frigoríficos que contienen clorofluorocarbonos (CFC y HCFC), sustancias que atentan gravemente contra la capa de ozono (SAO) y que contribuyen al aumento de los rayos UV-B y al correlativo daño a la salud humana y a los ecosistemas. Visto el objeto, se tratará de demostrar hasta qué punto es un problema de tal magnitud que obligue a emplear los recursos siempre críticos de la policía judicial. Admitida su grave peligrosidad, se analizan la respuesta, la capacidad, la organización, las políticas, las estrategias y las normativas que la comunidad internacional, a través de Convenios como Viena o Basilea o del Protocolo de Montreal o la propia UE y otros actores de relevancia, como Interpol o Europol, han desarrollado para hacer frente a esta lacra que tanto daño causa al medioambiente y que los investigadores deberán previamente conocer. En el ámbito académico, por un lado, se recogen los grandes proyectos de investigación desarrollados en el seno del VIIº Programa Marco de la UE, como el CWIT Consortium o EFFACE, claros referentes en el análisis de esta problemática y, por otro, el posicionamiento de actores dedicados a la investigación universitaria, como el UNICRI o la UNODC. Por último, era igualmente obligado hacer referencia a los trabajos realizados bajo la órbita de redes europeas como Impel o Envicrimenet, cuyas trazas encontrará el lector a lo largo de toda la tesis. Entrando en el terreno práctico, un investigador no puede abordar la problemática penal, desde el ámbito de la policía judicial, sin conocer cuál es el SGR en España, sin saber cuáles son los principales tipos penales aplicables, los delitos conexos y cuáles son las herramientas de las que dispone en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en especial tras la reforma operada por la Ley 13/2015, sobre medidas de investigación tecnológicas, las cuales, junto a la investigación patrimonial, toda policía judicial moderna debe conocer y aplicar de un modo efectivo. De igual manera, se desarrolla de forma práctica cuáles son las directrices de la Fiscalía Coordinadora de Medioambiente y Urbanismo, con la que los investigadores tienen que trabajar estrechamente y también qué se puede obtener de la cooperación policial internacional, por ejemplo, a través del Grupo de Trabajo sobre el Crimen ligado a la Contaminación (PCWG) de Interpol o del Analysis Crime Medioambiental de Europol, para finalizar viendo el papel tan importante que juega la cooperación judicial, mediante herramientas como la Orden Europea de Investigación, la Orden Europea de Detención y Entrega, los Equipos Conjuntos de Investigación o Eurojust. Y en la búsqueda de la aplicación efectiva de la ley penal, se analiza el modelo implantado en España desde 1988 con la creación del Seprona, policía judicial específica en el ámbito medioambiental desde 2017. El Seprona es un actor clave dentro y fuera de España; así, actualmente preside la red medioambiental Envicrimenet, participa activamente en la octava prioridad medioambiental del Ciclo Político 2018-2021, habiendo desarrollado las operaciones nacionales más importantes sobre estos residuos, como han sido “Fragmento”, “Fragmentados”, “Melo” o “Freezer”, a las que ha dedicado más de 33.000 horas de servicio. Y fruto de su esfuerzo, está el reconocimiento de la Fiscalía Coordinadora, del Ministerio del Medioambiente o del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente. Para finalizar, el lector encontrará unas conclusiones finales que responden a 10 preguntas, a través de las cuales se da solución a las cinco hipótesis planteadas inicialmente. De todo ello, subrayar dos de las propuestas formuladas: la primera, la creación de una Oficina Central Nacional (OCN), liderada por el Seprona, que permita la coordinación de las operaciones conjuntas en materia de medioambiente y, la segunda, la creación de un centro nacional de referencia en materia de formación policial medioambiental, liderado por la Guardia Civil. De aprobar tales medidas, la percepción de la amenaza y su respuesta ganarán enteros y con ello, la aplicación efectiva de la ley penal medioambiental en España.