El control económico de las adquisiciones públicas en materia de defensa

Laburpena

En la Administración General de Estado, el Ministerio de Defensa (MINISDEF) para el cumplimiento de sus objetivos programados, necesita adquirir bienes y servicios muy diversos relacionados estrechamente con la defensa nacional, destacando por sus características singulares las compras de sistemas de armas y servicios específicos para sus ejércitos. La importancia y relevancia de este tema se manifiesta en la ingente cantidad de recursos económicos que anualmente se ponen a disposición del Ministerio de Defensa para la adquisición de armamento y material para sus fuerzas armadas en mercados no competitivos. Junto a este hecho, la obligatoriedad establecida en la Ley de Contratos del Sector Público de fijar los precios aplicables en los contratos adjudicados a través del procedimiento negociado y el dialogo competitivo, requiere la utilización de instrumentos que permitan la estimación razonable de su importe, en consonancia con los precios que rigen en el mercado. En el ámbito de los bienes y servicios demandados específicamente por las fuerzas armadas, ya sea por condicionantes del producto o bien por razones de seguridad, no resulta posible aplicar en todos los casos los principios de publicidad y concurrencia de los oferentes. En este contexto, con el fin de suplir los mecanismos de un mercado competitivo, se han desarrollado procedimientos y análisis alternativos que permiten determinar la razonabilidad del precio como garantía de la aplicación eficiente de los recursos públicos. En un proceso general de adquisición de bienes y servicios, y centrando especialmente la atención en el precio, la primera reflexión que debe plantearse el órgano de la Administración Pública responsable de efectuar las compras es la necesidad de realizar un análisis que garantice que la cifra fijada sea el resultado de la interacción de los principios que deben presidir la administración de los recursos públicos, es decir, legalidad, eficacia, eficiencia y economía, que se recogen de forma general en la Constitución española de 1978 (art. 31.2 y 103) y, de forma más concreta, en el artículo 69 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), que establece los principios de funcionamiento de la gestión económico-financiera del sector público estatal. A nivel internacional, en concreto en los países más importantes de la OTAN, la auditoría de contratos es considerada como la mejor herramienta para el control económico de las adquisiciones públicas de defensa. En este sentido, son los Estados Unidos (EE.UU.) el país que más experiencia tiene en la utilización de técnicas de análisis de costes y auditoría de contratos para las adquisiciones de material de defensa. En España, en concreto en el MINISDEF, la auditoría de costes y precios pone a disposición del órgano de contratación elementos de apoyo objetivos en los que fundamentar la fijación del precio de un contrato en el caso de que sea adjudicado mediante el procedimiento negociado y el dialogo competitivo. Así, el recurso a la determinación del coste ligado al objeto del contrato, para suplementarlo con un margen de beneficio, se ha mostrado como la forma mayoritariamente seguida en el proceso de negociación del precio final con la empresa adjudicataria.