Análisis de los nuevos instrumentos jurídicos para la protección patrimonial de las personas dependientes

Zusammenfassung

El estudio de la tesis se ha centrado en los elementos para combatir la dependencia, y cómo estos pueden mejorar el nivel de vida de nuestros mayores y de las personas dependientes. El aumento de esta población en España y en Europa en general es alarmante. Según señala la Exposición de Motivos que prologa la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la población de más de 65 años de edad ha pasado en España de un 9,7 % de la población total a un 16,6 % entre 1970 y 2000, duplicándose en números absolutos. Y las proyecciones apuntan a una profundización del fenómeno. Por otra parte, junto con el envejecimiento aumenta la incidencia de la discapacidad, ya que un 32 % de los mayores de 65 años sufre de algún tipo de limitación ¿que le ha causado, o puede llegar a causar, una dependencia para las actividades de la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonomía personal en igualdad de oportunidades¿, mientras que en el resto de la población ese porcentaje se reduce a un 5%. Al mismo tiempo -y por otro lado- se han producido cambios profundos en cuanto al modelo tradicional de familia, de modo que las posibilidades del grupo familiar de asumir el cuidado y atención de las personas dependientes -el así llamado ¿apoyo informal¿- se encuentran cada vez más serias dificultades. La progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral les impide hacerse cargo de esa atención, que solía recaer sobre sus espaldas: según datos recogidos en un estudio realizado para la fundación MAPFRE, las mujeres representan nada menos que el 83% de los cuidadores informales. De ahí la necesidad de la creación de instrumentos privados para proteger y promover la autonomía de las personas en situación de dependencia, ya que los públicos suelen ser insuficientes en la mayoría de los casos. Todo ello para poder garantizarles la calidad de vida adecuada a las personas dependientes. Por lo que se analizan los instrumentos jurídicos privados, como la hipoteca inversa, la renta vitalicia y el seguro de dependencia, así como el estudio comparado de su funcionamiento en otros ordenamientos jurídicos, fijando sus ventajas y cuales son sus puntos débiles y susceptibles de mejora. También se analizan hasta donde llegan las coberturas de estos instrumentos y hasta que punto son suficientes o si se necesitan varias figuras a la vez para que todas las necesidades de estas personas, bien mayores o dependientes, estén totalmente cubiertas. La tesis se centra en profundidad en primer lugar en el estudio de la hipoteca inversa, que es un préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante y siempre que cumplan los requisitos establecidos por la ley. Esta clase de hipoteca plantea dos posibilidades, una, consiste en celebrar un contrato por el cual se obtenga una renta temporal, es decir una cantidad económica durante un tiempo determinado, hasta completar el porcentaje del valor de la vivienda pactado, pudiendo ocurrir que una vez cumplido ese plazo, no se reciba mas renta o por el contrario la posibilidad de obtener una renta de por vida y continuar cobrando mientras se viva. Siendo lo herederos del deudor los que deban pagar el crédito, si quisieran recuperar la vivienda hipotecada. Después se procede a estudiar el contrato de renta vitalicia, que consiste en el pago de una renta o pensión de por vida, a cambio de una transmisión patrimonial, en la que los herederos perderán cualquier tipo de derecho sobre el bien enajenado. También se analizan otros instrumentos privados para cubrir las necesidades de las personas dependientes como son el seguro de renta y el contrato de alimentos. Ampliando el estudio de la protección integral de las personas mayores y de los dependientes, haciendo una comparativa con la normativa de otros países de nuestro entorno, especialmente los países anglosajones, contemplando su ordenamiento jurídico y sus instituciones. En el trabajo se contemplan las posibilidades y los riesgos que encierran estos instrumentos jurídicos para los ancianos y los dependientes, cuyas pensiones resultan insuficientes (o meramente insatisfactorias), o la contratación de seguros para aquellos que se vean en la penosa necesidad de enfrentar situaciones de dependencia-, deberán ser evaluadas entonces a sabiendas de que en su conjunto generarán un beneficio para las entidades o agentes financieros que las ofrecen. Eso no significa que deba descartarse su capacidad de ofrecer mejoras -e incluso soluciones- a aquellos que están en condiciones de recurrir a ellas, sino simplemente exige una ponderación adecuada de las pérdidas y beneficios que los ancianos o dependientes pueden esperar de ellas, yendo un poco más allá de la eventual ventaja económica para intentar evaluar sus efectos en cuanto a ampliación de derechos y respeto a la autonomía: no solamente la protección indispensable de un patrimonio sino la mejora en las condiciones de existencia. También se analizan los fundamentos económicos y sociales de estas figuras jurídicas, lo que nos permitirá entender los vínculos que las unen, proceder a una identificación más precisa de las variables en acción y de los intereses involucrados en la cuestión. E incluso como dispone de esos medios la sociedad para enfrentar lo que podríamos denominar globalmente como ¿la vida después -o fuera- del trabajo¿. Medios con los que debe contar la persona mayor o dependiente para mejorar sus condiciones de vida y tener todas sus necesidades cubiertas. A continuación la investigación sigue con el estudio del contrato de alimentos, ya que a raíz de la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, Ley 41/2003 de 18 de noviembre, por la que se modifican los artículos del Código Civil 1791 a 1797, se crea esta nueva figura jurídica del Código Civil, que consiste, en proporcionar alimentos, atenciones y cuidados personales que se prestan en el seno de una familia, a cambio de un capital en bienes muebles o inmuebles, que cede el alimentista. La tesis concluye examinando una figura atípica, que no está regulada en todo el territorio nacional y únicamente está contemplada en algunos ordenamientos jurídicos autonómicos como son los de Galicia, Cataluña, Navarra, Madrid y Asturias, que es el acogimiento de mayores. Esta figura trata de proteger a los ancianos que carecen de vivienda y de medios suficientes de vida y se propone proporcionarles unos cuidados y atenciones que les son prestados en el seno de una familia. Es un contrato privado y los acogedores pueden recibir una retribución por los servicios que prestan. Esta remuneración debe en principio correr a cargo del anciano acogido, pero si sus recursos económicos son insuficientes algunas Comunidades Autónomas contribuyen también a satisfacerlos. En suma, he pretendido obtener una visión completa y global del problema de la dependencia y de las distintas soluciones que propone nuestro ordenamiento jurídico para solventarlas desde el punto de vista de derecho privado patrimonial.