Derecho y salud en la Unión Europea

Resumen

El Derecho de la Unión no restringe la competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de seguridad social y, a falta de una armonización a escala de la Unión Europea, corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar los requisitos que confieren derecho a las prestaciones sanitarias. El ejercicio de esta competencia, puede colisionar con el Derecho de la Unión, en especial, las disposiciones relativas a la libre prestación de servicios. Al servicio, pues, del ciudadano, la Administración queda obligada a transformarse en una administración regida por el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución. La política sanitaria europea implica que los sistemas sanitarios de los Estados miembros deben responder a los desafíos del cambio y, en este sentido, es preciso reforzarlos. Hay que garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias y debemos hacer frente a numerosos retos en el ámbito de la salud. La Europa que tenemos hoy es distinta de la que habíamos imaginado no hace tanto tiempo. La esperanza de vida en la Unión Europea ha aumentado. Las previsiones de Eurostat indican que el porcentaje de personas de 65 años de edad y más en el conjunto de la población aumentará del 17,1%% en el año 2008, al 30%% en 2060. La proporción media entre las personas en edad de trabajar (15-64 años) y las de 65 años o más variarán del 4:1 actual, al 2:1 en el año 2050. Gran parte de las personas activas abandonarán el mercado laboral entre 2030 y 2060. Con una tasa de natalidad en descenso, la población no activa aumentará con respecto a la población activa. Los Gobiernos disponen de un plazo de tiempo muy reducido para poner en práctica medidas encaminadas a abordar los problemas relacionados con el envejecimiento demográfico antes de que se jubile la mayoría de personas que nacieron en la época del boom de natalidad. Pero, este, es sólo uno de los innumerables retos a los que nos enfrentamos. Para hacerles frente, debemos prestar atención, al menos, a las siguientes cuestiones: prevención; prestaciones sanitarias y sociales; sostenibilidad financiera; el envejecimiento de la población y la protección social; el personal sanitario; los derechos de los pacientes; crisis económica y desarrollo de las nuevas tecnologías. En el ámbito netamente español, la sanidad está de moda, o al menos, los temas relacionados con la salud son objeto de consideración en la comunidad científica, los medios de comunicación y en la realidad más cercana. La suspensión cautelar del «euro por receta», la colegiación obligatoria de los empleados públicos, cuando ejercen la profesión por cuenta de la Administración (STC 3/2013, de 13 de enero), la supresión de servicios sanitarios con la pretensión de hacer el sistema más eficiente, las distintas modalidades de gestión o «privatización de la sanidad pública» como aparece referenciada en las cabeceras de la prensa escrita, y un largo etcétera de materias vinculadas de modo directo o indirecto con una prestación muy apreciada y muy bien valorada por los ciudadanos, a tenor de los resultados de las encuestas que los centros de investigaciones sociológicas realizan periódicamente, son objeto de atención preferente. También debemos destacar que estamos en un año de aniversario, pues conmemoramos diez años de vida de varios textos legales que inciden notablemente en la articulación jurídica del sector. Entre ellos debo destacar, al menos, los siguientes: Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Sin duda, todas ellas serán objeto de tratamiento y consideración pormenorizada, por su relevancia, por su incidencia y por el carácter estructural que tienen en nuestro Sistema Nacional de Salud. En este contexto, esta monografía es fruto del esfuerzo colectivo de un grupo de estudiosos del Derecho Administrativo Sanitario. No abordamos todos los retos expuestos y algunos otros que sin duda alargarían la lista de prioridades. Pero en una primera aproximación de conjunto, nos acercamos doctrinalmente a algunos de ellos sistematizados en torno a tres apartados: empleados públicos y ejercicio profesional, salud pública y asistencia sanitaria y normativa y jurisprudencia, con la esperanza de servir a la comunidad a la que nos debemos. Como directores de esta obra, sólo nos resta congratularnos de la prolífica apuesta colectiva emprendida, de su resultado, y agradecer, a todos los coautores, y a nuestros lectores, su mejor disposición.