El programa de pago a proveedores como instrumento de política económica (2012 – 2014)

Resumen

Al finalizar el año 2011, tras cuatro años de profunda crisis, la restricción financiera se situaba todavía como el principal problema de la economía española y de sus empresas. En una situación que debía de haber sido cómoda, con un superávit del sector público por un importe próximo al 2% del PIB en 2007, se pasó bruscamente a una necesidad de financiación del 11% en 2009. A partir de ese máximo el déficit se fue reduciendo básicamente en el Estado, desde el 9,2% de 2009 hasta el 3,3% en 2011, pero incrementándose en las Administraciones Territoriales, desde el 2,5% en 2009 al 5,9% en 2011. Estos datos contribuyeron a la generalización de serias dudas sobre la sostenibilidad financiera de las entidades autonómicas y locales. El crecimiento de su endeudamiento y de sus costes financieros estaba siendo muy rápido y los mercados estaban penalizando sus emisiones de deuda hasta niveles que comprometían los objetivos generales de la política económica nacional. Muchas Comunidades Autónomas y también Ayuntamientos se financiaron entonces dejando de pagar a sus proveedores, y la acumulación de créditos comerciales y otras cuentas pendientes de pago pasaron a convertirse en un importante instrumento de financiación. En el último trimestre del año 2011 las deudas comerciales pendientes de pago del conjunto de las Administraciones Públicas alcanzaron su valor máximo histórico, el equivalente al 8,3% del PIB, y en esta ocasión el 67,5% de las obligaciones pendientes de pago tienen como origen la Administración Autonómica y Local. En esta tesis doctoral se estudia el Programa de Pago a Proveedores diseñado y puesto en marcha por el Ejecutivo en España entre 2012 y 2014; con una profunda crisis y en una situación económica de extrema gravedad a comienzos de 2012, donde la falta de financiación estaba estrangulando la actividad económica y las políticas económicas tradicionales, monetaria y fiscal, estaban muy limitadas, el Plan de Pago a Proveedores se convierte en un instrumento muy eficaz para afrontar y resolver uno de los mayores problemas de ese momento económico. El Plan de Pago a Proveedores es un plan de choque, combinación de políticas económicas, monetaria y fiscal, en cuanto extraordinaria inyección de liquidez, de gran capilaridad a lo largo de todo el territorio español, que encuentra una solución para saldar las deudas comerciales acumuladas principalmente en las Administraciones Territoriales, trasladar liquidez al tejido empresarial español en un momento en el que los mercados financieros están cerrados, al mismo tiempo que hace posible, a cambio de la financiación otorgada, reforzar la condicionalidad permitiendo así una completa reformulación de la institución presupuestaria española. Y con un gran impacto positivo sobre la actividad empresarial, la realidad económica del momento y el crecimiento del PIB. El diseño de los Fondos de Pago a Proveedores, el Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico, se desarrolla en diversas versiones y fases. En estos 3 años contemplados se abonaron 65.852 millones de euros para saldar más de 9 millones de facturas pendientes de pago de prácticamente 280.000 proveedores, en Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas. De ellos, 27.300 millones fueron abonados entre el 30 de mayo y 28 de junio de 2012. Los nuevos mecanismos extraordinarios de apoyo financiero a Entidades Territoriales inyectaron liquidez a la economía en un momento crítico, contribuyeron a resolver el problema de las facturas pendientes de pago y la morosidad y sirvieron, a su vez, como palanca sobre la que desarrollar el marco jurídico, presupuestario y financiero de las Administraciones Públicas para el cumplimiento de los objetivos presupuestarios.