Prevenir la violencia contra las mujeresanálisis de las herramientas de evaluación y gestión del riesgo desde una perspectiva de género

Resumen

a Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO 1/2004) supuso el reconocimiento formal de la violencia machista como un asunto de Estado en España por tratarse de una vulneración de los derechos humanos. Entender esta violencia como el resultado del desequilibrio histórico de poder entre hombres y mujeres y de la constante discriminación que estas sufren, exigía una respuesta integral y una apuesta clara en materia de prevención. Años después de la aprobación de la LO 1/2004, seguimos padeciendo como sociedad las consecuencias de esta violencia y en buena medida la prevención, en todas sus fases (primaria , secundaria y terciaria) emerge como tarea pendiente, así como también una evaluación exhaustiva sobre la implementación de dicha Ley. Con estos antecedentes surge la necesidad de desarrollar un trabajo profuso de investigación sobre lo que denominamos prevención secundaria de la violencia de género en los tres ámbitos donde se desarrollan de manera mas o menos sistematizada las estrategias de valoración y gestión del riesgo: judicial, policial y social. A pesar de las disparidades entre regiones o ámbitos de intervención que los mas de 15 años de implementación de la Ley han evidenciado, sobre lo que sí se aprecia consenso, es sobre la consideración de que en las distintas fases de la prevención está la clave para evitar la violencia o mitigar sus efectos en los casos que ya se ha producido. En una apuesta por reforzar las estrategias preventivas, en nuestro país se han ido consolidando diversos campos de actuación que han supuesto en términos materiales, la incorporación de nuevos profesionales, nuevas técnicas y nuevos procedimientos. A pesar de que aún no se ha conseguido un sistema unificado para predecir el riesgo, han sido muchas las instituciones que en nuestro país apostaron por estos procedimientos para detectarlo e intervenir lo antes posible. Además del sistema de seguimiento integral diseñado por la Secretaria de Estado de seguridad del Ministerio del Interior (“Viogen”), en España funcionan de manera sistematizada y más o menos consolidada, Protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer, elaborado por el Ayuntamiento de Barcelona (RVD-BCN), la Escala de predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja (EPV-R), utilizado por los agentes de la Ertzaintza en el País Vasco, un protocolo propio de los Mossos d’Esquadra y, con menor incidencia, el Protocolo médico forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género. Al conocer este panorama dedujimos que cada uno de los sistemas implicados en la evaluación y gestión del riesgo de los casos de violencia de género, ha optado por utilizar herramientas propias, en función de sus competencias, recursos y objetivos. Esto indudablemente repercute en la práctica, por lo que nos pareció oportuno elaborar una serie de interrogantes que permitieran dar cuenta de la situación. Concretamente los siguientes, ¿qué implicaciones tiene esto en la prevención de la violencia de género?, ¿bajo qué supuestos se diseñan esas herramientas y se establecen los niveles de riesgo?, ¿cómo se implementan?, ¿cuáles son los resultados particulares y globales obtenidos hasta el momento?, ¿qué posibilidades de mejora tienen ese tipo de estrategias preventivas? Para poder dar respuesta a estas preguntas definimos una serie de objetivos que permitieron conducir la investigación de forma rigurosa y ordenada: - Revisar y analizar desde las teorías criticas feministas (en concreto desde el feminismo jurídico) el significado y uso de los conceptos género, perspectiva de género, violencia y prevención. - Revisar y evaluar desde una perspectiva crítica los instrumentos internacionales de identificación de riesgos para las víctimas que se han desarrollado en la última década: Danger Assessment (DA), Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA), Spousal Assault Risk Assessment Guide (S.A.R.A) y B-SAFER (Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk). - Analizar los protocolos que se están aplicando en nuestro país por las fuerzas y cuerpos de seguridad, los operadores judiciales y sociales, para la identificación del riesgo en casos de violencia de género. - Explorar y concretar las utilidades de estas herramientas de cara al diseño de políticas públicas y mecanismos de intervención preventiva adecuados a los diferentes tipos de riesgo. Para el desarrollo del estudio empírico nos hemos decantado por una metodología fundamentalmente cualitativa, entendemos que se trata de la mejor opción en razón del objeto de estudio escogido y los objetivos planteados. Como técnicas de recolección de datos utilizamos el análisis documental, las entrevistas y los grupos de discusión. Con esto quisimos recuperar el discurso de los tres principales ámbitos implicados en la prevención de la violencia: sistema Judicial, Policial y Social. Detectar así, puntos de choque y puntos en común tanto en el plano teórico discursivo como en la práctica. Además de esto, quisimos dar especial relevancia al discurso de las mujeres victimas /sobrevivientes, para contraponer de esta manera la percepción de quienes padecen la violencia y de quienes pretenden "definirla y gestionarla" Se realizaron 42 entrevistas ( dos de ellas grupales) y tres grupos de discusión, en las ciudades de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao y Guelph (Canadá). Una vez realizado el trabajo de campo utilizamos el análisis de contenido como método principal para el tratamiento de los datos, la fragmentación del texto en unidades constitutivas, la configuración de categorías (en función del interés teórico de la tesis). La clasificación y codificación fueron realizadas por la autora, sin soportes informáticos. El sistema de categorías establecido se fue enriqueciendo con el análisis de los discursos, dando lugar a algunos cambios respecto de las categorías iniciales. Los resultados arrojados tras los análisis y la extensa revisión teórica , nos permitieron elaborar una serie de conclusiones: La investigación permitió corroborar la discordancia entre el derecho formal y la realidad espontánea de las mujeres víctimas. La información que hemos ido desgranando evidenció la necesidad de comprender la violencia de género desde una lógica multicausal dado que, las conductas agresivas de los hombres, aun asumiendo que podrían estar influenciadas por el sistema patriarcal, responden también a otros factores que no deberían quedar subyugados en explicaciones mono-causales, de cara a la intervención preventiva. Sin observar e incorporar al diagnóstico otras variables además del género, las políticas preventivas están resultando discriminatorias y poco efectivas. Además, pudimos apreciar que, en determinados ámbitos sociales y judiciales, se aprecian ciertos recelos y desconfianzas, no solo frente a la propia herramienta utilizada para predecir el riesgo (principalmente por su marcado corte actuarial) sino también hacia el papel reforzado que ostenta el sistema policial en este tipo de tarea. hemos constatado la consolidación de las estrategias de gestión y con ello la utilización de los instrumentos para valorar el riesgo de violencia, aunque de manera muy dispar entre los sistemas estudiados. La incidencia en el ámbito policial es muy alta (dado que se trata de una tarea obligatoria), mientras que en el social es moderada y poco sistematizada (aunque la tendencia parece ir al alza) y en cambio en el ámbito judicial es prácticamente nula. En esta línea, uno de los objetivos de la tesis era conocer si estas herramientas reflejaban en su estructura interna la particularidad de la violencia sobre la mujer en el seno de la pareja; y, en este sentido cabe destacar que, aunque las herramientas internacionales continúan sin recoger la especificidad del género en sus formularios de valoración, en nuestro país, las actualizaciones de los instrumentos han ido incorporando elementos que permitirían (al menos desde el plano teórico que refleja el diseño) realizar una valoración con perspectiva de género Con respecto a la praxis preventiva concreta, debemos señalar que, a pesar de que la Ley Orgánica 1/2004 se definió como “integral”, las estrategias, salvo en algunas excepciones, continúan atomizadas y las prácticas profesionales presentan un marcado carácter unidireccional. En relación con la valoración y gestión del riesgo, el escollo principal se presenta en el ámbito judicial. Los decisores judiciales rara vez toman en consideración la información facilitada por otros profesionales del ámbito policial o social, y aún más raro es, que la soliciten. Entre la sospecha, la incredulidad y el principio de jerarquía que rige el sistema judicial sigue primando el juicio clínico como el diagnóstico más fiable. Se reafirma a lo largo del análisis la tensa relación existente entre las víctimas y el sistema penal. Sobre todo, en aquellos casos en los que las mujeres, voluntaria o involuntariamente, no se ajustan a los parámetros del sistema. En contraposición, los resultados del estudio empírico han demostrado que la policía es la primera instancia a la que acudieron la mayoría de las mujeres cuando fueron víctimas de un conflicto, aunque no se reconocieran aun como víctimas de violencia de género. Esto no significa necesariamente que siempre quieran denunciar, sino que la policía emerge como la institución en la que parece más directo buscar la protección. En relación con el ámbito social se evidenció la necesidad de reflexionar acerca de cómo las herramientas de valoración y gestión del riesgo podrían atender a las “otras” violencias, léase económica, psicológica, institucional, que trascienden el género pero que se agravan con él. De la misma manera sería oportuno repensar aquellas medidas en materia de prevención que se han diseñado “para ellas” pero “sin ellas”, porque cuando las estrategias y las políticas no incorporan las voces de las destinatarias, los efectos pueden resultar adversos. Como conclusión general cabe destacar que las técnicas de predicción contribuyen a distinguir y clasificar los riesgos, redistribuir recursos y contribuir a que las experiencias de las personas involucradas resulten menos traumáticas. De esta manera se podrá estimar el riesgo de violencia, pero además identificar los focos de intervención y las claves para diseñar los planes de tratamiento y seguimiento tanto de víctimas como de agresores, pero para ello, requieren una actuación comunitaria integrada y dirigida específicamente a este objetivo, algo que implica la coordinación de diversos ámbitos, como Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales y sobre lo que debemos seguir trabajando.