Evaluación del impacto de género en la normativa comunitaria estatal y autonómica andaluza

Resumen

El punto de partida que define esta investigación es un hecho constatado: la desigualdad real y de oportunidades existente entre mujeres y hombres que, lejos de tender a desaparecer, se mantiene o, incluso en muchos ámbitos de la vida pública y privada, crece cada día. Desde un punto de vista legislativo no podemos pasar por alto que las aplicaciones de determinadas normas, aparentemente neutras, provocan distintos resultado en mujeres y en hombres. En ocasiones perpetuando las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. En el ámbito estatal, hasta la entrada en vigor de la Ley de Igualdad de 22 de marzo de 2007, sólo contábamos con la Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que elaboraba el gobierno. En el ámbito autonómico andaluz, la Ley para la promoción de Igualdad de Género para Andalucía abunda en el contenido de la Ley 18/2003 de 29 de diciembre por la que se aprobaron las medidas fiscales en el ámbito autonómico andaluz. Las herramienta común es en ambos ámbitos de la Administración son los Informes de Evaluación de Impacto de Género y las Memorias de Análisis de Impacto normativo, con los que se previene la aplicación de disposiciones normativas aparentemente neutras que resultan sexistas en su aplicación. Para poder afirmar que estas herramientas están cumpliendo con el fin para el que fueron creadas, se hace necesario revisar cuantos Proyectos de Ley sometidas a la aprobación del Consejo de Ministros y Ministras, cuantos Proyectos de Ley que se aprueben por el Consejo de Gobierno Andaluz, han ido acompañados efectivamente de Informes de Evaluación de Impacto de Género, la calidad de estos y cuantos texto definitivos normativos, han recogido lo establecido en los citados Informes. Este estudio se amplia realizando una comparativa entre la comunidad autónoma andaluza y el Estado Francés en lo relativo a la metodología de inserción de la perspectiva de género en la elaboración de los presupuestos públicos.