Las actividades de los jóvenes universitarios hacia las nuevas demandas del mercado laboral
- Andrés Rodríguez Fernández Director
Universidade de defensa: Universidad de Granada
Fecha de defensa: 17 de xullo de 1998
- Josep Maria Blanch Ribas Presidente/a
- Emilio Sánchez Santa Bárbara Secretario
- Antonio Trinidad Requena Vogal
- Enrique Rebolloso Pacheco Vogal
- Eduardo Crespo Suárez Vogal
Tipo: Tese
Resumo
Las actitudes de los jóvenes hacia las nuevas demandas del mercado laboral José María González González Universidad de Granada (España) Siglos de cultura de discriminación han hecho que las mujeres, que representan algo más de la mitad de la población, ocupen aún espacios desiguales respecto a los hombres en los ámbitos de la tecnología, la ciencia, la política y, sobre todo, el trabajo. Aún así, los avances logrados hacia la paridad de género durante la centuria pasada en las sociedades occidentales han sido notables y nadie puede negarlos. Muchas de las barreras institucionales, sostenidas por una legislación que favorecía la desigualdad en perjuicio de las mujeres, han ido desapareciendo como consecuencia de las transformaciones sociales, culturales y económicas de las que éstas han sido protagonistas. De esta forma, coincidiendo con los movimientos reivindicativos feministas de la década de los sesenta y el aumento del sector servicios a partir de los setenta, se inicia un proceso de cambio revolucionario en la posición social de las mujeres que tiene su reflejo más importante en la elevada presencia en el mercado de trabajo de mujeres casadas, pertenecientes a todas las clases sociales y que trabajan la mayor parte de sus vidas. Acorde con esta evolución, se desarrolla en las sociedades Occidentales cierta ideología liberal y progresista que reconfigura los roles clásicos, tanto de hombres, como de mujeres, asignándole a los primeros un mayor número de responsabilidades en el ámbito familiar interno y a las segundas un papel más activo en la esfera sociolaboral externa. Del mismo modo, las políticas de igualdad de oportunidades han ido evolucionando, a grandes rasgos, desde un planteamiento coyuntural, centrado en ¿los problemas de la mujer¿, atribuyendo responsabilidades individuales y realizando un abordaje homogeneizante y, hasta cierto punto, estigmatizante, hacia una perspectiva estructural, conceptualizando esta temática como ¿un problema social¿ heterogéneo, de responsabilidad colectiva y que requiere intervenciones integrales. Así, han sido muchas las iniciativas políticas y legales planteadas en el panorama internacional para equiparar las relaciones sociolaborales entre hombres y mujeres, como por ejemplo la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, diversas Cartas y Convenios promulgados por la Organización Internacional del Trabajo, diferentes Directivas, Resoluciones, Recomendaciones y Decisiones adoptadas en el marco de la Comunidad Europea, etcétera. Paralelamente, en el ámbito nacional, hemos desarrollado un importante proceso de transición política y social desde la caída de la dictadura y los inicios de la democracia en la segunda mitad de la década de los setenta, hasta nuestra consolidación y afianzamiento como miembros de la Comunidad Europea en los comienzos del presente siglo. Durante estos veintinueve años, se han puesto en marcha diversas acciones políticas y jurídico-legislativas para conseguir la paridad sexual en el mercado laboral, tal y como se refleja en el propio articulado de nuestra Carta Magna, en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley de Igualdad de Oportunidades, en los Planes llevados a cabo por el Instituto de la Mujer, en los numerosos proyectos que se trabajan en las Instituciones autonómicas relacionadas con la mujer, y en todas aquellas Concejalías, Áreas y Centros de la mujer de carácter local. Las repercusiones que han tenido todas estas medidas han sido muy variadas, por lo que no queremos pasar la oportunidad de tratar, aunque sólo sea de manera sucinta, las ventajas e inconvenientes que, desde una óptica psicosocial, se pueden interpretar con respecto a las políticas de paridad llevadas a cabo en el marco del mercado laboral. Así, está claro que han mejorado, en líneas generales, las principales tasas de inserción sociolaboral de las mujeres (tasa de actividad, tasa de paro, tasa de empleo, etcétera), aunque siguen siendo peores que las que presenta el colectivo masculino y, analizadas por sectores ocupacionales, se evidencia una escasa diversificación del empleo femenino junto con una clara segregación sexual del mercado profesional. Igualmente, han aumentado los niveles salariales y de responsabilidad profesional de las mujeres, pero todavía resulta patente la discriminación económica y promocional de género en el trabajo (Anderson y Tomaskovic-Devey, 1995). Comentar, también, que se produce un importante contrasentido cuando, por un lado, se alienta y estimula el empleo femenino en cuanto supone una contribución fundamental para el desarrollo económico y moral de un país pero, por otro, no se establecen las medidas de protección social necesarias para liberar a las mujeres de la responsabilidad tradicional y cultural que les supone las actividades de mantenimiento del hogar y cuidado de la famila (hijos, enfermos, personas mayores, etcétera), y todo ello, además, acontece en un entorno vital moderno, complejo, cada vez menos estable, seguro, predecible y manejable y en el que se están perdiendo las tradicionales redes femeninas de apoyo (madres, hijas, hermanas, amigas, vecinas, etcétera) (Orloff, 1996). En la misma línea, cuando en el mundo del trabajo se impone el discurso de la disponibilidad total a las exigencias laborales para conseguir reconocimiento y promoción, estas responsabilidades domésticas y familiares asumidas de forma habitual y mayoritaria por las mujeres, no solamente no tienen ayudas y/o compensaciones laborales (como por ejemplo: derecho a elegir turnos de trabajo, flexibilidad horaria, guarderías en los centros de trabajo, etcétera) si no que, hoy por hoy, suponen un grave inconveniente para el desarrollo profesional de las mujeres y una importante sobrecarga física, psicológica, temporal, económica, etcétera (Roxburgh, 1996). Igualmente, la evolución de las demandas del mercado laboral hacia una mayor flexibilidad, movilidad, cualificación, etcétera, plantean nuevas opciones para las mujeres, aunque las alternativas que se proponen para conciliar la vida profesional y personal, tales como el trabajo temporal, a tiempo parcial, el teletrabajo, etcétera (Hill, Martinson, Ferris y Baker, 2004), aparte de llevar aparejado un deterioro de las condiciones de empleo, suponen una limitación a la hora de competir profesionalmente en términos de igualdad con los hombres, además de propiciar el que se valoren los ingresos económicos femeninos como complementarios aumentando, de esta forma, la probabilidad de renuncia al trabajo y reforzando los roles estereotípicos de género. Como consecuencia de todos estos procesos surge una nueva clase de mujeres que con su aportación profesional están contribuyendo al desarrollo socioeconómico y laboral de nuestra sociedad, mientras que con la intensa actividad doméstica y familiar que todavía desempeñan están sirviendo de sólido amortiguador para los sistemas de protección social (O¿Connor, 1999). Esta situación pone de manifiesto una falta de atención sobre los factores personales y las necesidades individuales de las mujeres, además de evidenciar cierta inadecuación en cuanto a la planificación y diseño de las políticas de paridad de género en la medida que se están generando efectos perversos y/o contraproducentes respecto a los que se buscaban originalmente. Por tanto, nos encontramos en un momento en el que las mujeres tienen los derechos programáticos pero, en muchas ocasiones, aún les faltan las oportunidades reales, ya que la mayoría de estas iniciativas políticas regulan aspectos formales a través de la obligación y la presión legal, cuestión lógicamente importantísima y necesaria, aunque el verdadero reto está en conseguir que el conjunto de la sociedad asuma e interiorice los valores de la paridad y la equidad de género. Es decir, más allá de los logros legales, formales y explícitos, sabemos que no todo el conjunto de la sociedad se adapta a los cambios con la misma velocidad, puesto que se requiere un cierto período de transición hasta que se incorporan a los procesos de socialización los nuevos valores resultantes de la evolución histórica. Esto nos lleva a pensar que en el ámbito psicosocial, mucho menos estudiado que el macrosocial, es posible que aún persistan ciertas diferencias psicológicas entre hombres y mujeres que, por su propio carácter implícito e informal, resultan poco visibles y difíciles de detectar, pero sobre las que, sin duda, merece la pena investigar.