La necesidad de controles de legalidad adecuados a los actos del consejo de seguridad ante su incursión en los procesos de creación normativa del Derecho Internacional

Resumen

Resumen: Desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales han proliferado, asegurando para sí un papel preponderante en la producción normativa internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha realizado una expansión competencial que pretende justificarse en virtud de la doctrina de los poderes implícitos, y que le ha permitido adoptar resoluciones de naturaleza legislativa en el ámbito de la lucha global contra el terrorismo. Por medio tales, impone sanciones selectivas, principalmente consistentes en la congelación de activos y restricciones de movilidad de aquellos individuos sospechosos de participar en actividades terroristas a escala internacional. En algunos casos, las sanciones se han aplicado en perjuicio de los derechos procesales de los afectados. A falta de un recurso de revisión adecuado a nivel Naciones Unidas, algunos tribunales regionales y nacionales, principalmente operando en el ámbito regional europeo, han desarrollado mecanismos de revisión judicial indirecta a la aplicación de dichas sanciones, por medio de los cuales, han anulado las medidas domésticas que las implementan. Dichos mecanismos, se desarrollan en torno a un modelo de revisión judicial expresiva. Este, consiste en la comunicación efectiva entre los tribunales involucrados, quienes se transmiten mutuamente los criterios de interpretación pertinentes a través de sus sentencias, de forma que les permita la protección de los valores compartidos por sus respectivos ordenamientos jurídicos. Tal acontecimiento, indica la emergencia de una comunidad global de tribunales que, actuando entorno a un modelo de constitucionalismo internacional imperfecto, pretende controlar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad a la luz de los Derechos Humanos. Hasta el momento, el grado de protección alcanzado mediante la revisión indirecta de las resoluciones del Consejo de Seguridad es limitado. Tal situación, evidencia la necesidad de desarrollar controles de legalidad adecuados a los actos del Consejo de Seguridad.