El reto de construir una política migratoria común en la Unión Europea

Resumen

A pesar de los avances experimentados, lo cierto es que el sistema europeo común de protección internacional, no sólo se ha visto desbordado por las afluencias masivas de potenciales solicitantes de asilo y protección subsidiaria, sino que su aplicación se ha visto frenada, de modo consciente, por los Estados, los cuales han hecho, bien una interpretación restrictiva del mismo, bien una incompleta aplicación de aquél. Se trata de un sistema compuesto por un conjunto de normas, las más de las cuales requieren un cambio urgente, a fin de corregir sus errores de diseño y su excesiva deferencia para con los Estados miembros; una consideración que ha propiciado el desarrollo de prácticas estatales muy distintas y marcadamente insolidarias. No obstante, tal reforma no debe desligarse, en el marco de un enfoque integral, del desafío que supone la adopción de una auténtica política migratoria común, digna de ese nombre, de la que hoy la Unión carece. De tal modo, son continuos los llamamientos que instan al cumplimiento de ese mandato expreso, hasta ahora desatendido, que se encuentra expresamente enunciado en los Tratados. A tal fin, se deberían abrir vías legales de acceso a la Unión, desincentivando, al tiempo, las formas irregulares de ingreso en la misma, las cuales son sinónimas de privación de derechos, abusos y explotación de seres humanos. Fomentar cauces legales que faciliten la migración regular por causas económicas, agregados a los excepcionales ya existentes, requiere una cooperación estrecha con los Estados de origen, tránsito y destino final, que conlleva la concesión del necesario visado de entrada. Una más ágil autorización de llegada a territorio europeo de trabajadores cualificados profesionalmente ayudaría, de manera considerable, en ese sentido, al tiempo que se garantiza su imprescindible integración social con fondos europeos. Ello requeriría, asimismo, un amplio reconocimiento de sus derechos y la posibilidad final de obtención del estatus de ciudadanía. Todo lo indicado habría de verse acompañado de una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión, que destierre la práctica, hoy en boga, consistente en externalizar sus controles; al tiempo que se asegura la plena aplicación del Código Schengen, restringiendo al máximo la apreciación unilateral de sus excepciones. Y la adopción, en fin, de una política sincera de buena vecindad, en relación a los Estados del entorno de la Unión, que contribuya a su estabilización y desarrollo político y económico