La mediación hipotecaria de Andalucía. Examen de la repercusión jurídico-procesal y la habilitación competencial de la Ley 3/2016 que la instaura (1)

Resumen

La Comunidad Autónoma de Andalucía instituye la mediación hipotecaria administrativa para casos de ejecuciones crediticias e hipotecarias sobre la vivienda a través del Artículo 17 de la reciente Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. El presente estudio se dirige a examinar dos cuestiones en particular. En primer lugar, se plantea qué tipo de repercusiones de calado jurídico-procesal puede acarrear la instauración de la mediación hipotecaria concebida en Andalucía. Se analiza el alcance del deber de fomento asignado a la administración. Se plantean las consecuencias del diseño de una mediación asignada precisamente a la administración y con una orientación intervencionista en sus resultados, en tanto que aspira a conseguir que el consumidor y usuario conserve la vivienda, bien a título de propiedad, bien como arrendamiento. Y profundiza en las repercusiones respecto al proceso de una institución que se puede iniciar tanto antes como durante un proceso de ejecución judicial o notarial. En segundo lugar, estudiamos si es válida la regulación de uso de competencias por la comunidad andaluza, toda vez que aborda asuntos que se refieren a ciertas materias recogidas en la Directiva 2014/17/UE pero que aún no han sido acogidos por España mediante su correspondiente transposición.