Las espaldas de los médicos son anchas, pero no tanto

Resumen

El artículo toma en consideración los aspectos controversia les de la Nueva Ley de Aborto en España (implementada el 5 de Julio de 2010) utilizando las declaraciones de la Ministra Española de Salud acerca de cómo la nueva ley resolverá el problema del consentimiento informado de las mujeres menores de edad, 16 y 17 años, si ellas deciden abortar y no informar de ello a sus padres. La Nueva Ley determina un cambio total respecto de la primera ya que define al aborto como un derecho de las mujeres. La nueva ley establece que las mujeres tienen derecho a practicarse un aborto en un hospital público antes de la semana 14 de gestación. La ley anterior, de 1985, despenalizaba el aborto en tres casos, aborto ético, cuando el embarazo fue producto de una violación; eugenésico, cuando hubiese seria evidencia de una malformación y problemas congénitos en el feto; y terapéutico cuando haya un una seria amenaza o peligro a la vida o a la salud de la madre. Adicionalmente, a lo anterior, se han establecido plazos a la interrupción del embarazo: 12 y 22 semanas para la. ética y la eugenésica respectivamente e ilimitada para la terapéutica. El autor del artículo critica el razonamiento del gobierno en cuanto al cambio de la ley existente así como desde el punto de vista de las regulaciones del derecho a la Objeción de Conciencia para practicar un aborto por los médicos. El artículo resalta también los aspectos más controversiales de esta nueva ley, aprobada sin consenso social o político: el derecho de la mujer menor de edad a practicarse un aborto sin informar ni obtener el consentimiento de su padres o tutores legales, si estas mujeres jóvenes declaran que la obtención del permiso podría representar un problema en las relaciones dentro de su familia. La nueva ley responsabiliza a los médicos de investigar la verdad detrás del alegado conflicto familiar cuando son enfrentados con casos sin el consentimiento paternal. El autor del artículo señala el rol de policía dado a los médicos forzados a investigar circunstancias personales de adolescentes desconocidos que llegan a ellos con la intención de practicarse un aborto. Esto último no es un acto médico el cual no puede ser castigado por esta clase de responsabilidad.